Mediante el mismo se instruye a las instituciones públicas adquirir productos agrícolas crudos priorizando en las compras a pequeños agricultores, asociaciones y cooperativas.
Esto, considerando que el volumen de cosecha de estos agricultores no es competitivo en los procedimientos de gran escala.
Además, se instruye para que en las contrataciones públicas se “priorice a familias de agricultores que se encuentren en situación de pobreza, conforme datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
O que en su defecto, formen parte del programa SUPERATE, así como los que hayan sido favorecidos por programas de apoyo económico para realizar inversiones o mejoras en sus cultivos por parte del Gobierno.