La autoridades del país suramericano han calificado la medida como una «violación del Derecho Internacional, la Constitución Venezolana y el orden democrático.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha acusado al Departamento de Estado estadounidense de «pretender legitimar el funcionamiento de un grupo criminal transnacional ya tristemente célebre por su papel en el robo y despilfarro de los recursos de los venezolanos».
Ha criticado que el presidente, Joe Biden, continúe «su persecución financiera, diplomática, económica y política contra Venezuela».