Esa ley prohibirá que la Oficina Nacional de Defensa Pública siga operando en competencia desleal en contra de los abogados y por el cese de la explotación laboral en contra de los defensores públicos. Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio, informó que entre las modificaciones más importante se encuentra la prohibición de que los defensores […]
Esa ley prohibirá que la Oficina Nacional de Defensa Pública siga operando en competencia desleal en contra de los abogados y por el cese de la explotación laboral en contra de los defensores públicos.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio, informó que entre las modificaciones más importante se encuentra la prohibición de que los defensores públicos puedan ofertar sus servicios en los destacamentos, en las prisiones preventivas y los centros de detención en perjuicio de los abogados litigantes a nivel nacional.
También establece que los defensores públicos solo pueden defender a personas de escasos recursos económicos, disponiendo que aquellas personas que se demuestre que tienen dinero suficiente para pagar sus abogados se les asignen un jurista privado.
El presidente del gremio denunció que la actual distorsión ha provocado que más del 85 por ciento de los procesos sean manejados a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública, lo que debe ser corregido de manera inmediata.
“Ya es hora de que se tomen medidas drásticas para corregir esta situación que permite la competencia desleal por parte de dicha oficina, aprovechándose de las ventajas, relaciones y privilegios que le otorga el sistema de justicia”, expresó Surun Hernández.
